Respecto al personal a subrogar, al no haber funcionarios que estén dispuestos voluntariamente, el Consorcio propone que sean los de menor antigüedad y, entre estos, los de menor edad, los que finalmente pasen a integrase en el nuevo servicio de bomberos municipal. Serán dos funcionarios del extinto Consorcio Sur de Bomberos y tres de los contratados por el actual organismo insular. Sus sueldos, que oscilan entre los 30.200 y los 26.300 euros brutos anuales, antigüedad y el resto de condiciones laborales deberán ser respetadas por el ayuntamiento en su totalidad.
El listado con la relación nominal de los propuestos se remitirá tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Personal para avanzar en la negociación de esta subrogación que se espera pueda ser efectiva a partir de enero de 2007.
La invitación trasladada hoy por el comité de huelga ha sido valorada por Bomberos de Tenerife, que califica la convocatoria negociadora como un gesto de responsabilidad de los bomberos. La reunión ya tiene fecha y se hará el martes próximo por la tarde, a las 18.00 y en dependencias aún por definir sitas en el Recinto Ferial de Santa Cruz. La dirección de Bomberos de Tenerife espera que ese nuevo contacto sirva para definir el camino del consenso, permita suspender el inicio de la huelga previsto para el 1 de octubre próximo y posibilite programar citas futuras de negociación, siempre en la línea de buscar acuerdos duraderos y sensatos para las partes.
El Comité Ejecutivo del Consorcio desea que en la cita programada para el martes se pueda activar el diálogo, para con ello proceder a negociar con espíritu de alcanzar acuerdos integrales y para hallar la sintonía necesaria; eso sí, siempre teniendo en cuenta la necesidad de que los acuerdos futuros tengan en cuenta parámetros básicos como la estabilidad económica del organismo público, para consolidar su funcionamiento futuro, y otros objetivos esenciales como la apuesta por el control del crecimiento presupuestario y por el ajuste de todas las decisiones que se adopten al marco económico-financiero concebido como idóneo por las administraciones públicas que integran el organismo público.