Tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que estima la apelación de los cinco jóvenes aspirantes a Bomberos de Tenerife, que hace cuatro años fueron suspendidos en las oposiciones de acceso a nuestra entidad, subrayamos que la sentencia no pone en tela de juicio la profesionalidad, ni mucho menos la honestidad de los miembros del Tribunal. Y por supuesto, tampoco la del oficial jefe del Consorcio respecto al cual no hay ni una sola mención en todo el texto de la misma. En este sentido, como ya se le ha manifestado personalmente, confirmamos la honorabilidad y excelente hacer profesional de nuestro oficial jefe.
Por el momento, el Consorcio está a la espera de una aclaración por parte del TSJC para poder ejecutar la sentencia. Precisamente, estos opositores han formulado unas declaraciones en los medios de comunicación que requieren determinadas puntualizaciones.
En primer lugar, hay que recordar que los aspirantes que han recurrido fueron declarados no aptos en la prueba de la evaluación psicológica comprendida en el citado proceso. La decisión del tribunal calificador fue impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual en primera instancia desestimó su pretensión, declarando la conformidad a Derecho de las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso.
Con posterioridad, fue interpuesto un recurso de apelación contra dicha sentencia y en esa segunda instancia el fallo judicial les ha sido, en principio, favorable. No obstante lo anterior, una vez analizado el contenido y la fundamentación de esta sentencia por los servicios jurídicos del Cabildo Insular, se ha constatado la necesidad de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre otras cosas, una aclaración que permita ejecutarla en sus estrictos términos.
En esa línea, el fallo incide en cuestiones que es preciso clarificar, como por ejemplo, en qué forma afecta a los aspirantes que aprobaron dicha oposición y que fueron nombrados funcionarios de carrera en 2004. Se trata, por tanto, de una cuestión que está aún sub iudice, y resulta, en consecuencia, necesario aguardar hasta el último pronunciamiento judicial para poder llevar a efecto adecuadamente lo que de forma inequívoca determine la jurisdicción contencioso administrativa.
En opinión del presidente del Consorcio de Bomberos, Manuel Ortega, "este Organismo acatará siempre las decisiones judiciales, que serán cumplidas tan pronto sea materialmente posible. Para ello, hemos solicitado una aclaración de sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias".
Servicio de Comunicación Bomberos de Tenerife
